La Estrategia del Teatro Para inducir el Plan Ecuador
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En estos días cuando desde la presidencia de la republica, sin el menor rubor se propone anular explícitamente los rasgos básicos de soberanía a que se incluyeron en el marco constitucional del 2008, declarando al Ecuador territorio de paz y en consecuencia, prohibiendo el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional. Para de la forma más servil y funcional al poder imperial solicitar a los EE.UU instale una base militar en el país, con el pretexto de controlar la inseguridad ciudadana. ¿Cómo si a la gran potencia le importara eso?
En este contexto es muy ilustrativo leer un artículo de Hugo Hidrovo con un excelente analisis sobre el intervencionismo estadounidense en el territorio latinoamericano, que pone al descubierto los verdaderos intereses de la potencia bélica en el contexto de la geopolítica y el dominio del mundo que es el verdadero interés; no la seguridad interna de ningún paisito en los que imponen su voluntad a sus anchas gracias a las elites dirigente pronorteamericanas por que con empresas de esa potencia se mezclan sus intereses.
Lo colgamos en su totalidad para que te informes.
Tambien lo pueden encontrar en el blog del autor: https://www.hugoidrovo.com/2023/03/01/la-estrategia-del-teatro/
La Estrategia del Teatro
Para inducir el Plan Ecuador
Hugo Idrovo
Lockheed P-3 AEW Orión del U.S. Customs and Border Protection. (Archivo Hugo Hidrovo)
El nazismo no murió en 1945, vive en los EEUU con un
nombre falso: Democracy
Guayaquil, viernes 21 de octubre
de 2022, 11 y 15 de la mañana. Voy caminando por calles del Barrio Orellana
cuando, de pronto, un avión estadounidense de guerra electrónica Lockheed P-3
Orión pasa rugiendo a baja altura. Me detengo a cavilar:
Poco menos de un mes atrás, el 13
de septiembre, la general Laura Richardson, Jefe del Comando Sur de los EEUU,
llegó a Quito, se reunió con el presidente Lasso en su despacho y por los dos
días siguientes, dirigió la Conferencia Sudamericana de Defensa Southdec 2022,
a fin de coordinar “mecanismos para la lucha contra el crimen organizado y el
narcotráfico”. Seguidamente, el 20 de octubre, una delegación de 5 senadores
estadounidenses liderada por Robert “Bob” Menéndez, presidente del Comité de
Relaciones Internacionales de la Cámara Alta del Congreso de los EEUU, se
reunió en Carondelet con Lasso y sus más íntimos colaboradores. Los senadores
prometieron su apoyo para enfrentar “la ola de inseguridad que atraviesa el
país” y al “narcotráfico transnacional”, incidencia que, según palabras del
político republicano de raíces cubanas Bob Menéndez, “es un tema que Ecuador
solo no puede contrarrestar” (El Debate, 2022).
Los solícitos emisarios norteños
ofrecieron también “vigorizar las relaciones comerciales” y “la conservación
del medio ambiente en Galápagos”, para lo cual luego se trasladaron al
archipiélago. Pero las Islas Galápagos y sus aguas patrimoniales, territoriales
y adyacentes desde 2018 están siendo objeto de escrutinio y uso por parte de
los EEUU, tanto desde el aire como por mar. Igual que lo hicieran cuando el FOL
de Manta. ¡Y no precisamente con fines ambientalistas! A más de los aviones,
numerosos buques de guerra electrónica de la clase Legend pertenecientes a la
Guardia Costera de los EEUU (USCG por sus siglas en inglés) se han visto en
Galápagos a partir de ese año, navegando dentro de la Reserva Marina e incluso
fondeando frente a Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal, donde se
encuentra la sede de la II Zona de la Armada del Ecuador. Estos aviones y
buques, equipados con la más moderna gama de armamento y tecnología bélica,
únicamente rinden cuentas de sus actos al Comando Sur y el Departamento de
Defensa de los EEUU.
El Comando Sur de los Estados
Unidos (U.S. Southern Command) es un destacamento unificado de sus fuerzas
armadas (USAF, U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Marines Y USCG) destinado al control
político y militar de América Latina y el Caribe. Para el efecto, proyecta
recursos militares para mantener apretada la yunta con sus sumisos aliados y
ejecutar maniobras contra los regímenes antiestadounidenses que se presenten en
la región. También trabaja en conjunto con instituciones federales como las
Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU (U.S. Customs and Border
Protection), el Departamento de Seguridad de la Patria (U.S. Department of
Homeland Security), la
Agencia de Seguridad Nacional
(NSA, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA),
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de
Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En el último lustro, en el
Ecuador se ha venido repitiendo un libreto muy similar al impuesto por aquel
convenio unilateral suscrito en 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad,
que autorizaba a los EEUU la puesta en operaciones de la ingratamente recordada
Base o FOL de Manta (FOL: Forward Operation Location). Así, el puerto de Manta,
las Islas Galápagos, el espacio aéreo y mar territorial ecuatorianos estuvieron
catalogados por Washington como “Áreas de Influencia del Comando Sur y la IV
Flota Naval de los EEUU”. El vasallaje terminó en 2009, cuando el presidente
Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo.
¿Cómo pudo volver a suceder? Y,
sobre todo, ¿por qué? Revisemos los hechos en retrospectiva.
INDUCIENDO UN GRAN PROBLEMA
Siendo presidente Lenin Moreno
Garcés, el 6 de enero de 2020 Francisco Carrión hizo pública la renuncia a su
cargo de Embajador del Ecuador en los Estados Unidos. Justificó su decisión por
estar en desacuerdo con un programa de misiones de vigilancia electrónica sobre
territorio ecuatoriano, establecido desde septiembre de 2018 con aviones
militares estadounidenses. Recalcó que los vuelos se estaban efectuando sin que
exista un marco normativo bilateral indispensable para preservar la soberanía
del Ecuador (Imbaquingo, 2020). Destapada la olla, el 16 de enero de 2020, el
diario El Comercio publicó una entrevista al entonces Comandante General de la
Armada del Ecuador, contralmirante Darwin Jarrín Cisneros, respecto a la
existencia de algún convenio establecido para operaciones semejantes. Jarrín
Cisneros indicó que “el apoyo evidentemente está viniendo de los EEUU.
Si alguien nos ayuda de buena fe para cumplir con el control de los espacios
marítimos en temas de control al narcotráfico, de contrabando de combustibles,
de armas y pesca ilegal, para nosotros es bienvenido. (…) Nosotros
tenemos las reglas y directrices que nos emiten del Comando Conjunto de las
FF.AA., que es nuestro órgano superior, y el Ministerio de Defensa”” (Puente
y Tipanluisa, 2020).
Jarrín Cisneros no precisó la
existencia de ningún acuerdo; tan solo reafirmó su respeto al orden jerárquico
castrense y a ponderar una “ayuda de buena fe” por parte del bueno del Tío Sam.
Con esa respuesta, la otrora máxima autoridad naval expuso su desconocimiento
-o soslayo- respecto a que el espionaje norteamericano, como operación
fundamental para la conquista, la guerra y el dominio, es una estrategia que ha
provocado terribles secuelas para cualquier nación del planeta. Y no se diga al
Ecuador, las sempiternas injerencias imperialistas a través de su historia
republicana han provocado un profundo atraso en su desarrollo, corrosiva
dependencia, deterioro de sus valores culturales e irreconciliables divisiones.
Mantener un estado de guerra
perpetua es fundamental para la supervivencia de los EEUU, por ello desde
principios del siglo XX no cesa en su empeño de inocular en la humanidad la
existencia de un permanente “enemigo de la democracia” al que hay que combatir
y destruir. Después de la caída de la Unión Soviética y el comunismo, los EEUU
señalaron al narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal como los
actuales enemigos de su seguridad nacional.
Actualmente, EEUU mantiene
alrededor de 1000 bases militares en el territorio de 130 países en los 5
continentes (Dufour, 2010). La mayor concentración de tropas y personal de
inteligencia estadounidenses se ubica en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico (Agencia
AFP, 2020, donde están las segundas mayores fuentes de petróleo del mundo
(Expansión Datosmacro.com, 2021). Y en Latinoamérica y el Caribe -sin contar a
Puerto Rico-, el grueso de destacamentos militares yanquis se encuentra en la
República de Colombia, vecino país en el que desde 1999 está implementado el
tratado bilateral llamado Plan Colombia, supuestamente diseñado para hacer
frente al narcotráfico y el crimen organizado. A raíz de ese año, EEUU instaló
7 bases para uso de sus fuerzas armadas: Cartagena, Malambo, Palanquero, Apiay,
Bahía Málaga, Tolemaida y Tres Esquinas. Todo resultó ser una estratagema de
los EEUU para instaurar el control geopolítico y geoeconómico en la región y
tender un cerco contra la República Bolivariana de Venezuela (Cuba debate,
2016), nación poseedora de la mayor reserva de hidrocarburos del mundo
(Expansión/Datosmacro.com, 2021).
El Plan Colombia se ha
manifestado como un verdadero obstáculo para la erradicación real del
narcotráfico. Al cabo de 23 años consecutivos de presencia militar
estadounidense en Colombia, el narcotráfico no se ha neutralizado ni detenida
la maquinaria de producción de cocaína y la distribución fuera de sus
fronteras. Por el contrario, año a año aumenta la inseguridad, el crimen y la
pobreza entre su población. Esta situación se explica por el poder de los
millonarios narco rubros destinados a lubricar al engranaje judicial y político
de una nación para garantizar su impunidad.
Ofrecido este corto y necesario
preámbulo, entremos en materia. ¿Por qué es tanto el interés de los EEUU en
efectuar operaciones –supuestamente- para la “lucha contra el narcotráfico”
desde Galápagos y el territorio continental ecuatoriano? Veamos:
EL PODER Y LA EXPERIENCIA
A fines de los años 70 en
Nicaragua, la CIA puso en práctica tácticas de “guerra sucia” que con el
devenir de los tiempos fueron perfeccionándose (Guzmán, 2018). Entre 1975 y
1979, durante los años de lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional para
liquidar a la dictadura de Anastasio Somoza, una porción del territorio
nicaragüense era zona de tráfico y producción de cocaína y sus derivados,
cuestión que estaba en la mira de la Agencia entonces dirigida por George Bush
padre. Los agentes secretos estadounidenses, al comprobar el enorme poder
económico del narcotráfico, se apartaron de su misión de combatirlo y, por el
contrario, se involucraron con él (Vásquez, 2018).
Gary Webb, periodista
estadounidense ganador de un Premio Pulitzer, en 1999 denunció este caso en su
libro The Dark Alliance (La Alianza Oscura). Webb describió
minuciosamente de qué manera la CIA había llegado a un acuerdo con el narco
nicaragüense para proteger la producción de cocaína e inducir su transformación
al crack, una droga mucho más potente y mortífera. El crack, bajo el amparo de
la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses, se transportó en secreto hacia
los EEUU e introducido en grandes cantidades en barrios afroamericanos y
latinos de Los Ángeles, Oakland y San Francisco, California. El negocio llegó a
generar hasta 550 mil dólares diarios y sobre los 120 millones de dólares
mensuales. La recaudación era lavada en Wall Street y una vez convertida en
dinero legítimo volvía a Nicaragua para financiar la contrarrevolución
comúnmente llamada La Contra (Webb, 1998). El libro causó tanta fama a su autor
como asombro e interés en el mundo entero. Sin embargo y como era de esperarse,
el poder contraatacó: Gary Webb fue víctima de una larga campaña de difamación
que acabó con su reputación y capacidades laborales. Neutralizado tras
implacable acecho, Webb salió de la vista pública y en 2004 se encontró muerto
en su casa con dos balazos en la cabeza (Jones, 2005).
La experiencia ganada por la CIA
en Nicaragua fue aplicada y refinada en Colombia entre 1981 y 1989, durante las
dos administraciones presidenciales de Ronald Reagan y su vicepresidente George
Bush padre, director de la Agencia en el periodo 1976-1977 (Encyclopaedia
Britannica, 2018). De hecho, entre 1989 y 1993, Bush padre fue presidente de
los EEUU, lo que indica que este agente secreto y estadista durante 18 años
ininterrumpidos fue testigo de excepción en la época de mayor poderío e influjo
de los carteles de la droga en Colombia (Escobar Moreno, 2020). Según reportes
estadísticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), entre 2018 y 2019 Colombia tuvo un notable incremento en los cultivos
de hojas de coca (ONU: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, 2019). En consecuencia, el año 2021 arrojó evidencias que Colombia
producía más cocaína que nunca en su historia, superando al monto de
exportaciones que tuvo en la era de esplendor de Pablo Escobar Gaviria (G.
Long, 2021). Actualmente, nuestro país vecino tiene el primer lugar en el mundo
como productor de alcaloides e índices que marcan la mayor desigualdad social
en América Latina (Forbes, 2020). Gajes del Plan Colombia y el ingreso de
Colombia en la OTAN en calidad de socio global (France 24, 2018).
Y también está el caso de
Afganistán. Apenas un mes después de los polémicos ataques del 11S contra el
Pentágono y la ciudad de Nueva York, en octubre de 2001 los EEUU lanzaron la
Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom) contra
Afganistán (UIB, 2021). Como resultado, lejos de haber capturado a Bin Laden u
otros líderes de Al Qaeda, lo que los invasores sí consiguieron fue financiar
una escalada de guerra, descomposición social, corrupción y miseria que
desembocó en una gigantesca crisis que justificó y alargó la ocupación militar
de esa nación. De esa manera, el gobierno de EEUU emprendió otro millonario
negociado a través de los carteles de droga locales. Antes de la invasión,
hacia el año 2000, el régimen talibán en concordancia con los jefes tribales
había limitado las áreas de cultivo de opio a 8000 hectáreas, pero, con la
presencia yanqui, en 2016 se habían disparado a más de 216000 hectáreas que
arrojaron una producción de 9000 toneladas anuales del narcótico. En 2017
Afganistán pasó a liderar la producción mundial de opio y sus derivados,
morfina y heroína (Peláez, 2017). Gajes de la “libertad duradera”.
Otras evidencias apuntan a que en
la ciudad de Miami se encuentra el mayor mercado de drogas de occidente y que
EEUU lidera el número de consumidores de clorhidrato de cocaína y víctimas por
sobredosis de opiáceos que hay en el mundo, sumario que supera a las 50 000
muertes anuales (AFP, 2017). Además, en los EEUU se encuentran los bancos más
importantes ligados al blanqueo de dinero producto del narcocomercio (ACFCS,
2016). La oligarquía financiera norteamericana ha desarrollado políticas muy
sofisticadas para sostener el poder global de los EEUU, mediante la recepción
de fondos ilícitos provenientes del extranjero -que fluctúan entre quinientos
mil millones y un billón de dólares anuales- y su posterior lavado e inversión
en negocios legítimos o en bonos del Estado (Estulin, 2011). Al mismo tiempo,
el estado de Florida alberga a lo más granado del crimen organizado
estadounidense y Miami es sempiterno refugio de mercenarios, asesinos,
dictadores, conspiradores y delincuentes de cuello blanco vinculados a la
política latinoamericana de filiación neoliberal y ultraderechista (Bernardo,
2021). Gajes de la democracia.
Con estos antecedentes y datos
armemos el silogismo: si el gobierno de los EEUU funge de protector de Colombia
y benefactor de Afganistán (a pesar de la retirada de sus tropas en 2021),
países líderes en producción y exportación de narcóticos y alcaloides; si a la
vez el gobierno de los EEUU da curso a que en su propio suelo opere un sistema
financiero corrupto e inmoral y, si este mismo gobierno desde 1945 ha generado
un estado de guerra permanente a lo largo y ancho del planeta -escudado tras el
sardónico eufemismo de “defensa de la libertad y la democracia”-, entonces:
EEUU de América es un mega narcoestado terrorista, cínico por excelencia.
De ahí que nos preguntamos que,
si so pretexto de “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, ¿está
EEUU calificado para efectuar misiones de inteligencia militar por cielo, mar y
suelo ecuatorianos, en detrimento de nuestra soberanía, integridad territorial
y vocación pacifista? Y, bajo la misma excusa, ¿es válido que fuerzas militares
y federales estadounidenses hayan sido autorizadas por el expresidente Lenin
Moreno y su sucesor Guillermo Lasso para operar sin restricciones desde
aeropuertos ecuatorianos y las Islas Galápagos? La Constitución de la República
del Ecuador vigente desde 2008 indica textualmente en su Artículo 5: “El
Ecuador es un territorio de paz. No se permitirán los establecimientos de bases
militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares.
Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad
extranjera”. Letra muerta.
FELONÍA Y SUMISIÓN, 2017
A partir de junio de 2017 Lenin
Moreno Garcés impulsó un proceso político que renegó de los compromisos que
defendía en campaña e incumplió el Plan de Gobierno que lo llevó a la
Presidencia de la República. Moreno repudió a sus millones de electores, ignoró
los mandatos constitucionales, se declaró abiertamente afín a los intereses de
los EEUU y pactó con el neoliberalismo defendido por las más virulentas fuerzas
conservadoras y reaccionarias del Ecuador. Fue un acto de traición sin
precedentes, que se sustentó en la corrupción judicial e institucional, la
mentira sistemática respaldada por la prensa hegemónica y la persecución
implacable a sus viejos compañeros de lucha. De esta manera, los
acontecimientos se sucedieron con extraordinaria rapidez.
El 3 de enero de 2018, afectado
por controvertidas acusaciones (lawfare), fue destituido y encarcelado el
Vicepresidente de la República democráticamente electo, Jorge Glas Espinel; el
28 de enero se verificó un inédito “atentado terrorista” contra un cuartel de
la Policía Nacional en la localidad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas
(Redacción BBC Mundo, 2018); el 31 de enero se destacó la presencia de agentes
del FBI en el lugar de los hechos para, según dijeron, contribuir en “hallar
rastros” de los sospechosos (Torres, 2018). Otros “ataques terroristas”
atribuidos a “guerrillas transnacionales” se repetirían entre el 17 y 26 de
marzo en poblaciones de la provincia de Esmeraldas cercanas a la frontera con
Colombia, causando docenas de heridos y pérdidas de vidas.
El 27 de febrero de 2018, al mes
de iniciada aquella sorpresiva (léase inducida) escalada de violencia en la
frontera norte, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los EEUU
en el Hemisferio Occidental, Thomas A. Shannon Jr., arribó a Quito para
reunirse con Moreno y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José
Serrano. Llegó con la finalidad de “fortalecer la relación bilateral y la
colaboración en áreas de interés mutuo, asuntos comerciales y de inversión, la
cooperación antinarcóticos y asuntos regionales e internacionales” (Redacción
Elcomercio.com, 2018). ¿Quién es Shannon? Un sagaz diplomático que sirvió tanto
a gobiernos republicanos como demócratas en su nación; tuvo participación en el
golpe militar en Honduras que defenestró al presidente Zelaya (2009); organizó
los “golpes parlamentarios” que destituyeron a los mandatarios Dilma Roussef en
Brasil (2016) y Fernando Lugo en Paraguay (2012). También, en 2002, mientras se
desempeñaba como Director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de
Estado de EEUU, estuvo implicado en la fallida asonada contra el presidente
constitucional de Venezuela Hugo Chávez (Weisbrot, 2018). Todo un
“gambler”.
Parece que los chicos del FBI y
la CIA pusieron inmediatamente en acción las instrucciones dejadas por Shannon,
pues entre el 16 y 20 de marzo se desató una serie de quirúrgicos bombazos,
atribuidos a “grupos irregulares” en las localidades fronterizas de Borbón,
Alto Tambo, El Pan y Mataje, este último con la muerte de tres soldados del
Ejército (Agencia EFE, 2018). Acto continuo, el 26 de marzo se efectuó un
encuentro oficial entre el ex ministro de Defensa Patricio Zambrano Restrepo
con una delegación estadounidense conformada por el teniente general Joseph
DiSalvo, subcomandante del Comando Sur y la embajadora Liliana Ayalde,
Subcomandante Civil y asesora de Política Exterior del Comando Sur (PLAN V,
2018). A raíz de esta reunión, a Washington se le otorgarían facilidades para
intervenir en estrategias de seguridad interna del Ecuador y realizar
“actividades aéreas antinarcóticos” desde instalaciones aeroportuarias civiles
y militares ecuatorianas.
Coincidentemente, aquel mismo 26
de marzo en un área fronteriza con Colombia, se cometió el secuestro y
posterior asesinato de tres reporteros del diario capitalino El Comercio. La
tragedia aceleró a Moreno para anunciar su retiro como garante de los procesos
de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (DW,
2018).
A renglón seguido, el 28 de
abril, Lenin Moreno designó como nuevo Ministro de Defensa a Oswaldo Jarrín
Román.
CONVITE CON EL COMANDO SUR
El ex ministro de Defensa Oswaldo
Jarrín Román, General de División del Ejército en servicio pasivo, tuvo
experiencia previa en esa misma Cartera de Estado entre 2005 y 2006, en tiempos
de la accidental presidencia de Alfredo Palacio. Durante su carrera militar,
Jarrín asistió a cursos en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington
D.C. y el Instituto Internacional de Contra-Terrorismo de la Universidad
Herzliya en Israel (Ministerio de Defensa, 2019). Es autor del Libro
Blanco de la Defensa Nacional, un tratado que propone políticas de Defensa
desde la óptica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en total concomitancia con
los objetivos estratégicos y lineamientos del militarismo estadounidense para
la región (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).
Ni bien Jarrín se familiarizaba
con su despacho cuando, el 3 de mayo de 2018, el Ecuador recibió equipamiento
tecnológico por parte del Programa de Asistencia Antiterrorismo del
Departamento de Estado de los EEUU (U.S. Mission Ecuador, 2018). Los insumos se
proveyeron con la intención de “intercambiar información y experiencias para la
lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y combatir la delincuencia
organizada transnacional” (El Universo, 2018). Seguidamente, el 21 de mayo,
Jarrín mantuvo reuniones con el Subsecretario Adjunto de Defensa de los EEUU
para Asuntos del Hemisferio Occidental, coronel (SP) Sergio de la Peña,
funcionario a cargo de la aplicación de las políticas estadounidenses de
seguridad para la región y supervisor de la asignación de recursos económicos
para programas de cooperación del Comando Sur (El Universo, 2018).
Con la alfombra roja bien lavada,
el 27 de junio entró a Carondelet el vicepresidente de los EEUU Mike Pence en
visita oficial. Durante su estadía formalizó un acuerdo de Cooperación en
Materia de Seguridad, con carácter militar bilateral, para reforzar “la
capacidad del Ecuador en su combate contra las amenazas compartidas del crimen
organizado transnacional y los desastres humanitarios” (El Universo, 2018). Y
como nada es gratis, se procedió la reapertura de la Oficina de Cooperación en
Seguridad de la Embajada de los EEUU, que se había clausurado en 2014 durante
la administración presidencial de Rafael Correa (El Comercio, 2019). Así quedó
expedito el arribo de aviones militares y federales estadounidenses para que,
en teoría, sirvan de apoyo a la Armada ecuatoriana en las susodichas
“actividades aéreas antinarcóticos” (El Universo, 2018).
El 3 de septiembre de 2018, María
Paula Romo se posesionó como Ministra del Interior. A ella correspondió, el 5
de septiembre de 2018, en compañía del ex embajador de los EEUU, Todd Chapman,
y el exministro Jarrín, dar la bienvenida a los primeros Orión en la Base Aérea
Simón Bolívar en Guayaquil. En rueda de prensa celebrada en dicho reparto
militar, Jarrín puntualizó que estos “van a sobrevolar espacios que son
restringidos y aún prohibidos, pero que están autorizados por el Estado
ecuatoriano, el Ministerio de Defensa y la Cancillería en particular”
(Ministerio de Defensa Ecuador, 2018). Inmediatamente después de este acto
Jarrín viajó a los EEUU, a fin de mantener reuniones de trabajo con el jefe del
Comando Sur almirante Kurt W. Tidd y “coordinar misiones” para los Orión (El
Universo, 2018).
Los aviones yanquis actualmente
operativos en el Ecuador pertenecen a inventarios de las agencias federales
U.S. Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras) y el
U.S. Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad de la Patria).
Esta última institución se creó después de los atentados del 11 de septiembre
de 2001 en Nueva York para prevenir futuros ataques contra el territorio de los
EEUU y reforzar la seguridad interna de la nación. La Doctrina de Seguridad
emitida por los EEUU en 2001, promueve anticiparse a las intenciones de sus
adversarios y justificar cualquier acto bélico que resulte de ello como
“legítima defensa preventiva”.
Tras siete meses continuos de
operaciones de los Orión desde Guayaquil, Salinas o Manta, el jueves 25 de
abril de 2019, en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional Oswaldo
Jarrín se reunió con el nuevo jefe del Comando Sur de los EEUU, almirante Craig
Faller. Su antecesor, el almirante Tidd, en su discurso de cambio de mando
instó a potenciar la continuidad de su misión en Latinoamérica, región que es
considerada como “crítica” para la seguridad de los EEUU y a la vez
proteger su “soberanía” ante la penetración china, pues, “cada vez
que les das una pulgada ellos se toman una milla” (EFEUSA, 2018). Una vez
terminada la reunión con Faller, Jarrín manifestó a la prensa su complacencia
por estrechar la cooperación con los EEUU en la lucha contra el narcotráfico
mediante “un monitoreo continuo en el país” a cargo de los Orión. (El
Comercio, 2019).
El compromiso con el jefe del
Comando Sur fue ratificado por Jarrín el 26 de septiembre de 2019, en un acto
formal que se celebró en Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal,
Galápagos. Ese día la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), con anuencia
de la Armada del Ecuador, hizo entrega oficial al Ministerio de Defensa
Nacional de un terreno de 10.000 m2, en predios del Aeropuerto de San
Cristóbal, para dar facilidades de hangares, mantenimiento y repostaje a los
Orión, así como espacio para la potencial construcción de instalaciones aptas
para alojamiento de tripulantes y personal de tierra. En su discurso, Jarrín
calificó a la isla San Cristóbal como vértice de un “triángulo de seguridad”
que vigilará rutas que utiliza el narcotráfico (Rosero, 2019). Recalcó, además,
que “Galápagos es para Ecuador como nuestro portaviones, es nuestro
portaviones natural, porque nos asegura permanencia, reabastecimiento,
facilidades de interceptación y está a mil kilómetros de nuestras costas”
(Robalino, 2019).
Lo expuesto por Jarrín no fue nada
original. Tampoco el mentado “triángulo de seguridad” simultáneamente anunciado
por el Alto Mando de la Armada, y que estaría conformado por San Cristóbal como
vértice principal y los puertos de Esmeraldas, Guayaquil o Manta, con
proyecciones a Posorja y Puerto Bolívar-. En realidad, ambos vocablos provienen
de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación estadounidense de
Salinas y las Islas Galápagos. En 1942, el teniente general Frank M. Andrews,
jefe del Comando de Defensa del Caribe, declaró que “Seymour Island is our
giant rocky flat top” (Idrovo, 2013). La Armada de los EEUU apoda “flat
top” a sus portaviones; traducido: “la isla Seymour (Baltra) es
nuestro gigantesco portaviones de roca”. El “Triángulo de Seguridad” o
“Security Triangle”, así llamado desde 1942 por la 6th Air Force para la
defensa del Canal de Panamá por el lado del Océano Pacífico, estaba
conformado por Corinto, Nicaragua – Base Alfa, Isla Baltra – Base Beta y Salinas
-Base Gamma (Idrovo, 2013). El exministro Jarrín, al repetir textualmente lo
dicho por los yanquis hace 80 años en su afán por posesionarse del archipiélago
ecuatoriano, nos regresó a una era de entreguismo y vergüenza.
EL LOCKHEED P-3 ORIÓN
Es un cuatrimotor turbohélice de
fabricación estadounidense diseñado para el reconocimiento y patrullaje
oceánico, guerra antisubmarina y vigilancia electrónica. Lleva una tripulación
de 11 hombres, 3 de ellos al mando y 8 especialistas en armamento, sistemas de
radar multimodo y electroóptico, aerofotografía, detectores infrarrojos y
sensores de anomalías magnéticas. Detectan y rastrean embarcaciones de
superficie o sumergidas y aviones que se encuentren volando a cualquier nivel
de altura sobre el mar o tierra firme. También interceptan comunicaciones que
se realicen en cualquiera de las áreas geográficas que estén dentro de su radio
de acción. Como corresponde a una aeronave militar de combate, aparte de su
tripulación de vuelo dispone de personal de tierra civil y militar
-exclusivamente estadounidense- para su operatividad. Se trata de un apreciable
número de personas y soldados con responsabilidades diversas: contingencia y
protección de incendios, seguridad de vuelo, seguridad en pista, seguridad aeroportuaria,
seguridad en tierra (unidades capacitadas para acción militar y respuesta
bélica en pista, plataforma y línea de vuelo), mantenimiento (planta motriz,
aviónica, radares, armamento, estructura, neumáticos, etc.), repostaje y
abastecimiento, alimentación y alojamiento de tripulaciones. Esta aeronave
exige el concurso de no menos de 30 almas para entrar en acción.
Adicionalmente, y tal como fue en
tiempos del FOL de Manta, al personal de tierra se suma un grupo de
controladores de tráfico aéreo -también estadounidense- cuya tarea radica en
establecer contacto, desde la torre de control del Aeropuerto José Joaquín de
Olmedo (Guayaquil Torre, GT), Manta o Galápagos-San Cristóbal, con la
tripulación de cada Orión que salga o ingrese a suelo ecuatoriano. Es una
condición ineludible. Los controladores o “torristas” ecuatorianos acreditados
por la DGAC no están autorizados a hacerlo. La comunicación se efectúa en
inglés codificado y los códigos varían en cada misión. De esta manera, EEUU
mantiene sigilo y secreto en todo momento, tanto de los nombres de las
tripulaciones, como de la ruta a seguir y el resultado de datos recibidos a
bordo, destino final o procedencia de cada vuelo. No hay variante con lo que
sucedió en el FOL de Manta. Las tripulaciones, de acuerdo -o no- a lo que
presenten a la DGAC en su plan de vuelo, únicamente se comunicarán con GT al
alcanzar precisos puntos de chequeo obligatorios (MIBAR) que se encuentran al
límite de las 12 millas del mar territorial ecuatoriano. Sobrevolado este
punto, de ahí en adelante el contacto con el Ecuador se perderá, pues el Orión
cambiará su frecuencia radial al ingresar en el mar adyacente, la zona
económica exclusiva y aguas internacionales. Igual a la inversa, si su ruta es
hacia el Ecuador, tan solo se notificará con Guayaquil Torre desde aquel MIBAR.
A lo largo de su misión se comunicará y recibirá órdenes directamente desde los
EEUU o cualquiera de las bases en Centro y Sudamérica que están bajo control
del Comando Sur. Los Orión no están obligados a retornar a su punto de partida
en el Ecuador; obedecen tan solo a las directrices del Comando Sur. De ese
modo, pueden despegar y volar directa y libremente hacia cualquiera de sus
bases en Colombia, Centroamérica o Panamá. Y viceversa. Si es ese el caso,
otros aviones asignados a esas bases podrán salir y aterrizar a discreción en
Guayaquil en reemplazo o apoyo del aparato que partió horas o días antes a
patrullar.
Abramos un paréntesis histórico:
antes de la entrada de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial (1937-1941), en el
Ecuador volaba la aerolínea SEDTA, filial de la Deutsche Luft Hansa, enlazando
exitosamente a las principales ciudades del país. Obviamente, con tripulaciones
y equipos alemanes. La Casa Blanca se alarmó, reclamó airadamente y consiguió
liquidar a la aerolínea en diciembre de 1941, aludiendo que los aviadores
europeos, so pretexto de dar un servicio de transporte de pasajeros, en
realidad estaban realizando misiones de espionaje y reconocimiento que pondrían
en riesgo la seguridad del Hemisferio (Idrovo, 2013). Todo ladrón juzga por su
condición.
Continuemos. Ahora bien, si un
oficial ecuatoriano aborda un avión federal o militar estadounidense para
alguna misión, ésta será de carácter nacional, como un vuelo de patrulla de ida
y vuelta a Galápagos. La tripulación a bordo se someterá a las delimitaciones
que establece la CONVEMAR, pues EEUU nunca reconoció la soberanía ecuatoriana
sobre las 200 millas marinas establecidas en el Tratado de Santiago de 1952. De
ese modo, durante el vuelo, el compatriota podrá participar de las operaciones
únicamente sobre las 12 millas del Mar Territorial y las 12 millas adicionales
del Mar Adyacente; más allá de esos límites quedará sin opción a recibir
información en caso de alguna eventualidad o detección sospechosa (Idrovo,
2013). Mientras el Orión vuele sobre aguas ajenas al Ecuador (como la Zona
Económica Exclusiva o aguas internacionales), la sección donde trabajan los
especialistas estará vedada para él. Será un pasajero sin voz ni voto y ocupará
un asiento destinado al observador en misiones de búsqueda y rescate. Así
hasta que el avión reingrese a mar territorial ecuatoriano, sea en la región
insular o continental.
ECUADOR, EL PLAN COLOMBIA Y LA
FTC-BRAVO, HONDURAS
La verdadera y oculta intención
de los EEUU para estos vuelos radica en un proceso de fortalecimiento de su
supremacía militar y económica en áreas marítimas del Pacífico Sur y
Centroamericano. Los Orión que operan desde la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil
están diseñados para efectuar vuelos directos desde esa estación, Galápagos
(Baltra o San Cristóbal), Salinas o Manta, hacia bases estadounidenses del Plan
Colombia como Palanquero (distante a 1.796 kms.), Bahía Málaga (1.483 kms.) y
Apiay (1.858 kms.) o a la Base Aérea José Enrique Soto Cano, en Honduras (1.705
kms.). La base Soto Cano está ubicada en la localidad de Palmerola,
Departamento de Camayagua, a 97 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Es sede de
la Academia Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Hondureña y centro de
operaciones de la Joint Task Force-Bravo, JTF-Bravo (Fuerza de Tarea
Conjunta-Bravo, FTC-Bravo), un enclave fundamental para el Comando Sur de los
EEUU, pues desde allí coordina todas las misiones militares y ejercicios multilaterales
que se llevan a cabo en Centroamérica, Panamá y Colombia (Downey, 2020).
La presencia militar
estadounidense en Honduras se remonta a 1983, en pleno auge de la política
exterior de la administración Reagan centrada en “apoyar el interés militar y
político de los EEUU en América Central amenazada por la expansión comunista”.
En enero de 1986 el vicepresidente en funciones de los EEUU, George Bush padre,
visitó Honduras a fin de estimular a sus aliados y compatriotas para enfrentar
la “amenaza sandinista” que se cernía en la frontera. En esa año la CIA llevaba
casi una década de señorío en la región y hacía cuentas de sus utilidades: casi
el 100% de la cocaína y el 75% de la marihuana que se consumía en los EEUU
provenían de América Central y Colombia (Downey, 2020).
A partir de 2009, después del
golpe de Estado apoyado por Washington que destituyó a Manuel Zelaya,
presidente constitucional de Honduras, la FTC-Bravo fue repotenciada y amplió
su influencia a Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
donde supervisa los intereses estadounidenses en la Zona del Canal (Downey,
2020). La caída de Zelaya condujo a Honduras a una vertiginosa crisis política
y social que en 2014 desembocó en la discutida elección de Juan Orlando
Hernández a la Presidencia de la República. Cuánta satisfacción habrá generado
esta situación al expresidente Donald Trump, que en 2019 felicitó a Juan
Orlando por su “excelente labor” y calificó a Honduras como “país amigo en la
región” (BBC News Mundo, 2019). Sin embargo, el 30 de marzo de 2021, Juan
Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del mandatario hondureño fue capturado
en Miami y sentenciado a purgar cadena perpetua en EEUU por tráfico de cocaína.
El juez federal que sentenció a Tony recalcó que «Honduras es uno de los principales
lugares de trasbordo de drogas en el mundo y uno de los lugares más violentos
del planeta» (Agencia Reuters, 2021). Y para embellecer más al anecdotario
de este edén centroamericano, en abril de 2022 el expresidente Juan Orlando
Hernández, imputado por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, fue extraditado
a los EEUU y arriesga purgar una condena igual a la de su ñaño Tony. Gajes de
la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
CUESTIÓN DE SUPREMACÍA Y
SUPERVIVENCIA
El 12 de febrero de 2020, Lenin
Moreno viajó a Washington para reunirse con Donald Trump. En un marco de jovial
sumisión, el exvicecanciller Cristian Espinoza declaró que “la relación que
actualmente Ecuador tiene con Estados Unidos lo coloca en una mejor posición
ante el mundo «. Precisó también la reorientación de su política exterior,
ya que «había un deterioro en ciertas áreas”, y que esta «se
viene solucionando, pero lleva tiempo» (Redacción Web El Telégrafo, 2020).
En realidad, no les llevó mucho tiempo. Aquella reunión en la Casa Blanca cerró
un círculo que empezó con el “primer atentado terrorista de la historia del
Ecuador”, suscitado en San Lorenzo aquel 28 de enero de 2018.
Y como se examinará más adelante,
a partir de esa fecha fue creado el clima adecuado -con la consiguiente tramoya
mediática y judicial- para que, después de una década (2007-2017) de ejercicio
del poder republicano sustentado en la soberanía y progreso, el Ecuador vuelva
a caer bajo el yugo servil del FMI, el Comando Sur y el Departamento de Estado
de los EEUU.
Involucrarse con los EEUU en una
supuesta lucha contra el narcotráfico o el terrorismo significa involucrarse de
lleno con el Pentágono y las agencias de seguridad interna estadounidenses.
Significa la inminente implantación de un plan de dominio cuyas consecuencias
serán siniestras. En primer lugar, la CIA, entidad que solo rinde cuentas (si
son exigidas) al Presidente de los EEUU, daría mayor fortaleza a sus
millonarias transacciones con el narcotráfico a nivel regional al tener al
Ecuador como un puntal más para el cometimiento de sus saqueos. De hecho, un
alto porcentaje de los recursos monetarios que la Agencia obtiene de sus
latrocinios son utilizados en Latinoamérica para
financiar
golpes de Estado y
operaciones clandestinas, financiamiento a ONGs, fundaciones transnacionales y
grupos paramilitares, compra de conciencias a jueces, periodistas y
caricaturistas, sobornos a políticos de izquierda y dirigentes indígenas o
sindicales, reclutamiento, estipendio y sustento de informantes, financiamiento
de sabotajes, eliminación de detractores, etc. Más claro: “guerra sucia”.
Un segundo elemento es que el
Ecuador pasaría de cómplice a víctima del espionaje de ciencia satelital
desplegado por los servicios de inteligencia estadounidenses. El ex agente de
la CIA Edward Snowden -exiliado por denunciar el ilegal sistema global de
vigilancia masiva emprendido por los EEUU- en su libro Vigilancia
Permanente enfatiza que “más allá de toda justificación, en
realidad, esta guerra no es contra el narcotráfico o el terrorismo. Esa es la
excusa. Esto se trata de control económico y social, y lo único que se persigue
es mantener la supremacía del gobierno de los Estados Unidos” (Snowden,
2019). Ciertamente, todos los datos detectados actualmente a diario en el
Ecuador por la U.S. Embassy, los buques de la USCG y los aviones espías, son
simultáneamente enlazados con el Centro Espacial de Guerra de la Base Schriever
de la Fuerza Aérea de EEUU en Colorado Springs; con el Cuartel General de la
CIA, en Langley, Virginia; con la sede del Comando Sur en Miami, Florida, y muy
especialmente, con la oficina central de la NSA en Fort Meade, Maryland.
La National Security Agency, NSA,
se encarga de controlar comunicaciones de toda índole consideradas tanto
ofensivas como defensivas. Para ello dispone de una red de satélites orbitales
y de geoposicionamiento que hacen de esta Agencia el sistema de seguridad más
sigiloso, sofisticado y poderoso a la escucha de todo lo que sucede en el
mundo. Cualquier conversación o notificación efectuada a través de correos
electrónicos, redes sociales, telefonía celular o fibra óptica es captada por
estos satélites y cotejada en tiempo real por computación paralela de alta
velocidad ubicada en Fort Meade. Allí, equipos de especialistas decodifican los
datos, identifican y localizan por GPS a cada habitante del planeta considerado
como sospechoso o amenaza para la seguridad de los EEUU. La información
obtenida es finalmente organizada y clasificada en “listas de seguimiento” que
son enviadas a través de líneas seguras a la comunidad de inteligencia de los
EEUU instalada en sus embajadas o instalaciones militares allende los países
anfitriones. El resto es pura acción y reacción.
La efectividad de este sistema
quedó evidenciada a raíz del ataque de la aviación militar y tropas colombianas
al territorio fronterizo de Angostura en marzo de 2008, cuando aún estaba
operativo el FOL de Manta. Inmediatamente después de aquella incursión, en
abril, en el Ecuador fue descubierta y neutralizada una red de informantes
reclutados por la CIA que estaban infiltrados en la Dirección General de
Inteligencia (DGI), la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la
Policía, la Jefatura de Inteligencia del Ejército y entre altos mandos de las
Fuerzas Armadas (El Telégrafo, 2013).
Con la entrega de facilidades a
los EEUU para operar libremente con sus buques y aviones militares desde
territorio continental y las Islas Galápagos, el Ecuador se ha involucrado con
las guerras dialécticas y comerciales del Plan Colombia y la FTC-Bravo, al ser
el archipiélago una atalaya incomparable para el control del corredor del
narcotráfico que fluye permanentemente por el Pacífico Sur. Por el lado del Mar
Caribe y Golfo de México lo tienen todo resuelto, es su “lago privado”. Es por
ello que para el Tío Sam es imperativo controlar esta región, donde está su más
preciada mina de oro: el enorme flujo de cocaína que ingresa a Centroamérica
desde costas colombianas y ecuatorianas para luego ser distribuida entre los
carteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Guanajuato, los que a su vez
satisfacen la voraz y ultramillonaria demanda al interior de los EEUU.
UNA MORTAL TRILOGÍA
Los fundadores de la “guerra
antinarcóticos”, Ronald Reagan y George Bush padre, no vislumbraron el torrente
de violencia, corrupción y tragedia que causaron con su doctrina. Lo que sí
consiguieron fue que su nación pueda refinar las más surtidas argucias
tecnológicas para usufructuar del dinero fruto de la ilegalidad. Por ello, con
particular e increíble cinismo, la Casa Blanca maneja la propaganda ocultando
sus verdaderas intenciones tras cacareados rodeos como el “mantenimiento de la
paz y seguridad en la región”, “protección de la libertad y democracia”,
“vigorización del estado de derecho”, “respaldo en caso de desastres
naturales”, “ayuda humanitaria” o “conservación del medio ambiente”. Y no se
diga, “lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia transnacional”. Sin
esa gama de distracciones, sin Hollywood o CNN, los EEUU apenas podrían ocultar
la tenebrosa verdad que los desespera: si llega a fracasar o desaparecer la
alineación Drogas-CIA-Wall Street, su sistema financiero caerá y arrastrará a
la economía mundial a un derrumbe sin precedentes (Rodríguez, 2008).
Mientras esta poderosa e
impenetrable componenda exista no se va a eliminar el narcotráfico en el mundo.
Y en lo que respecta al Ecuador, tal como aconteció en los aciagos años del FOL
de Manta, a lo sumo y para satisfacer las expectativas ciudadanas, un mínimo de
operativos muy bien seleccionados se han de realizar. Caerán laboratorios
abandonados, esbirros de poca monta y unas cuantas toneladas sacrificadas como
pantallazos. Pero eso sí, difícil será que algún pez gordo vaya a caer.
Seguirán libres los más avispados capos, los productores de mayor rango y los
elegantes banqueros lavadores del dólar ilegal que dan perpetuo movimiento a
aquella hermética y letal trilogía. Y para remate, permanecerán incógnitos e
intocables los jefes narco estadounidenses que compran el material importado de
Colombia o Afganistán. Seguirán a la sombra, gozando de protección, los Chapos
y Escobares gringos que desde Miami, Chicago, Los Ángeles o Nueva York lideran
a esa oscura red que maneja la gigantesca demanda, importación y distribución
de drogas al interior de los EEUU. Así son las reglas del juego: nadie osa
tocar al perro de Hades, ese macabro sistema cancerbero que garantiza la
supervivencia y supremacía del único y verdadero imperio del mal.
En 2018 los EEUU promovieron el
fracaso del Acuerdo de Paz de 2016 alcanzado por el gobierno de Colombia y las
FARC, y en 2019 boicotearon los diálogos entre el ELN y delegados del
presidente Duque en La Habana, provocando una nueva escalada de guerra y violencia
en Colombia (Rodríguez, 2020). La paz no es conveniente para el Tío Sam, sino
eternizar su presencia militar en Latinoamérica para desvalijar sus riquezas
naturales y minerales y cubrir sus negociados con el narcotráfico. Esta es la
razón que hace imposible alcanzar la tan anhelada concordia entre las fuerzas
antagónicas que agobian a Colombia, peor aún después de su ingreso a semejante
maquinaria bélica que es la OTAN (FRANCE 24, 2018). Muchos latinoamericanos y
ciudadanos del mundo entero aspiramos a que el presidente Gustavo Petro consiga
revertir esa situación.
EL ECUADOR DEL ENCUENTRO
NEOLIBERAL, 2017-2023
En tiempos de guerra la
verdad es tan preciada que siempre debe ser cuidada
por un guardaespaldas de mentiras. Winston Churchill
A raíz aquel bombazo en San
Lorenzo del 28 de enero de 2018 (un típico atentado de bandera falsa) se puso
en marcha la ejecución de un plan insidioso que no escatima, sino que, más
bien, exige el sacrificio de vidas. Un letal procedimiento que ha comprobado su
efectividad en cada país y ocasión que se presente. Para que la imposición
forzosa de un estado policial, ocupación militar o absolutismo no sean
cuestionados ni obstruidos por la ciudadanía, primero hay que crear el clima de
miedo adecuado y una razón que lo justifique. Después hay que activar una
propaganda permanente que magnifique el miedo y la inseguridad hasta llevar a
la colectividad al colapso nervioso y el sometimiento total. La política
rastrera y centrales de inteligencia criollas (aupadas por la CIA y el FBI)
mueven sus fichas en contubernio con la prensa corporativa, tarifando a
periodistas y medios de comunicación hegemónicos para construir una “realidad”
que sea aceptada y defendida por la opinión pública. Ya lo precisó Walter
Lippman: “las noticias y la verdad no son la misma cosa”.
Hablemos sin ambages: el
agobiante grado de vulnerabilidad al que han abocado al Ecuador ha sido
perversa y científicamente planificado; fue concebido por políticos
neoliberales de ultraderecha peones del imperialismo y militares neofascistas.
Está cimentado por las élites mediante la desinformación taladrada a diario por
sus medios de comunicación. La situación actual nos ha expuesto a un terror
pandémico capaz de aceptar con indiferencia cualquier medida extrema que se
tome desde los organismos gubernamentales: estados de excepción, brutal
represión, toques de queda, cercos y alambradas alrededor de edificios
públicos, presencia del ejército con equipo bélico dentro de las urbes,
libertad de acción a la fuerza pública para ingresar a domicilios, propiedades
privadas y oficinas, “batidas” o cacheos callejeros, detenciones arbitrarias y
un largo etcétera de abusos del poder. Así se fundamenta la
estrategia del teatro.
Los EEUU iniciaron oficialmente
sus actividades de vigilancia electrónica desde las Islas Galápagos el
miércoles 5 de mayo de 2021. Ese día, un Orión procedente de Guayaquil aterrizó
en el Aeropuerto de San Cristóbal llevando al embajador Michael Fitzpatrick,
quien fue adulonamente recibido por el exministro Oswaldo Jarrín y el ex
comandante de la Armada Rafael Poveda. En aquella ocasión, el diplomático
yanqui declaró sin rubor alguno que “la información que se genera en el
Orión P-3 no tiene ningún valor para el gobierno americano, solamente tiene
valor en las manos del gobierno ecuatoriano” (Rosero A.B., 2021). Indigna y
repugna tanta hipocresía; el Tío Sam hace lo que le da la gana, aún sin
anuencia constitucional.
El 3 de diciembre de 2022, antes
de las 2 de la tarde, fui testigo presencial del aterrizaje en San Cristóbal de
un avión estadounidense muy distinto al P-3 Orión, aunque de similares
características bélicas y tecnológicas. Me dirigí al aeropuerto para verlo de
cerca e identificarlo. Se trató de un Bombardier DHC-8 Q300 del U.S. Customs
and Border Protection de la división Air and Marine Operations.
Al igual que los Orión, los DHC-8
están equipados con un sistema de sensores escáner láser del tipo LIDAR (Light
Detection and Ranging). Este sofisticado equipo permite hacer barridos de
captura masiva sobre la superficie terrestre y obtener imágenes de todo lo que
se encuentra oculto por la espesura del follaje selvático o tropical. Sí,
amable lector, cada vivienda de caña, madera o concreto, caminos o senderos,
maquinarias, laboratorios de procesamiento de narcóticos, gente, animales de
carga, todo queda nítidamente visible en las pantallas como si estuviesen a
flor de tierra. Tal como órganos y huesos quedan completamente expuestos a los
rayos X. Saque usted sus propias conclusiones.
Para los Estados Unidos de
América no hay rival ni secretos sobre el planeta Tierra, pero los secretos de
los déspotas tarde o temprano quedan al descubierto. Hoy por hoy, volvieron a
apuntalar un nuevo “Security Triangle” en Latinoamérica, esta vez con sus
vértices en Galápagos (San Cristóbal), Honduras (Base Aérea Soto Cano) y
Ecuador (Guayaquil). Ya pueden solazarse en controlar a voluntad esa inmensa
área del Pacífico Sur y Centroamericano por donde circula el millonario y
caudaloso flujo del alcaloide que contribuye a garantizar su supervivencia.
El tejido de caos y violencia
cotidiana, indescriptible corrupción policial, degradación moral e
institucional, inseguridad, desmoralización y desconfianza ciudadana, fueron
inducidos estratégicamente en el Ecuador a partir de 2017 por un atado de
militares y políticos traidores a su pueblo. De ahí que en una entrevista
ofrecida al noticiero Televistazo el 25 de octubre de 2022, el entonces titular
de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado emuló al polémico senador
gringo Bob Menéndez y repitió muy orondo que “el Ecuador no puede enfrentar
solo esta batalla”, agregando que “este plan ya se presentó al gobierno
de los EEUU, a través de la embajada del Ecuador, al Departamento de Defensa y
el Comando Sur” (Noticias Ecuador, 2022). ¿Cuál plan? ¿Aquel plan de
conquista orquestado por Washington y consumado por Moreno y Lasso? El ex
funcionario de marras, por su insolvencia neuronal, olvidó que en el Ecuador
del encuentro neoliberal el Departamento de Defensa de los EEUU planifica, el
Comando Sur vigila, la CIA acecha, el FBI gravita, el FMI dicta las reglas del
juego y la US Embassy aprieta las tuercas de la descentrada maquinaria estatal.
En 2017 Lenin Moreno Garcés, en
su “representación bufa del poder” -según acierto de Galo Mora Witt-, entregó
su patria a los designios estadounidenses, disfrazando como asistencia financiera
y militar a su traición y servilismo. Sus actos lo condenaron a ser un
despreciable paria de por vida. Guillermo Lasso Mendoza no solo que dio
continuidad a los desatinos de aquel remedo de gobernante que fue su títere,
cómplice y antecesor, sino que quedará para el juicio de la historia su
ineptitud para el cargo que ostenta, inocultable neofascismo, porfiada
mitomanía y condenables improvisaciones que han arrastrado al Ecuador al
crucial momento en que se encuentra.
Entonces, que nadie se sorprenda
que el Plan Ecuador esté, a estas horas, a la vuelta de la esquina bajo el
postizo membrete de “Ley de Asociación entre Estados Unidos y Ecuador de 2022”.
El proyecto ha sido promovido por los senadores republicanos Menéndez, Risch,
Kaine y Rubio, promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos de América reunidos al seno del Congreso en Washington D.C. y
revisado en febrero de 2023 en Quito por Guillermo Lasso Mendoza a instancias
del senador Rubio. Bien lo dijo Eduardo Galeano, “cualquier país que cae
bajo la protección de los EEUU termina convertido en cementerio o en manicomio”.
El Ecuador actual es ambos. Es, ejecutivamente hablando, el país del ¡ya,
qué chucha!
Guayaquil, 28 de febrero de
2023
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