COBROS ILEGALES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
La constitución de Montecrísti establece la gratuidad plena de la educación pública en el Ecuador, como principio básico que permita el acceso a este derecho fundamental de todos los ecuatorianos, y hacia ese objetivo ha orientado gran parte del esfuerzo, acción y recursos el Gobierno de la Revolución Ciudadana, buscando cumplir en la práctica con este mandato constitucional.
Se ha incrementado notablemente el presupuesto en educación, se han creado programas complementarios que coadyuven a este propósito, tales como el desayuno escolar, tejiendo el buen vivir, libros gratuitos, se ha ampliado la cobertura de becas escolares, entre otras efectivas acciones estatales.
sin embargo en las instituciones educativas, se persiste en viejas prácticas de recaudación de fondos que vulneran abiertamente el derecho de las y los ecuatorianos a una educación gratuita de calidad y calidez, tal como lo dispone la Constitución, violando expresas normas legales, diversos cuerpos jurídicos y claras disposiciones ministeriales.
Siguen solicitándose aportes económicos a los estudiantes y padres de familia para pago a docentes, de las llamadas asignaturas generales o complementarias, como idiomas (inglés, computación, etc.), contratar ayudantes para el docente titular en cursos cuyo número de estudiantes esta dentro de los rangos permitidos, (32 estudiantes en este caso concreto) rifas para proveer de vajilla y otros enseres a la institución, y más imposiciones económicas, para tantos propósitos como fértil sea la imaginación, de quienes así lo imponen.
es inadmisible que las autoridades de Educación continúen tolerando estas prácticas perversas por parte de directivos y docentes de establecimientos educativos, que bajo sutiles pretextos de atribuir tales iniciativas a los padres de familia, violen impunemente la normatividad legal vigente, respecto a la gratuidad de la educación, y lo que es peor aún atropellen el derecho de las niñas, niños y adolescentes al buen trato, a la igualdad y a la no discriminación por razones económicas, ya que si bien estas imposiciones muchas escuelas y colegios las presentadas como “voluntarias”, no es menos cierto que los niños y adolescentes, cuyos padres se resisten a pagar dichas cuotas, reciben un trato diferente, discriminatorio, tanto por parte de los docentes, como de los directivos de padre de familia y aún de los mismos compañeros que los señalan como estudiantes de segunda, minimizándolos y afrentándoles su desventaja económica; lo cual disminuye seriamente la autoestima de los niños, dejando marcas difíciles de borrar. ¡No olvidemos que hablamos de escuelas públicas!, no de pelucones, o sea privadas.
Es hora entonces de demostrar voluntad y decisión de hacer cumplir la ley y de llevar a efectiva concreción los postulados del nuevo proyecto de gobierno para todos, realizando las acciones legales y administrativas pertinentes, que frenen estas prácticas abusivas e inconstitucionales, en forma oportuna.
Fredy B. Torres A.
C.I. 0702073503
Telf. 086213282
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario.
Este comentario es de exclusiva responsabilidad de su autor